La estricta ley migratoria que deberá entrar en efecto este jueves en Arizona es el resultado de una furia acumulada contra la inmigración ilegal que ha crecido desde hace varios años y que hizo erupción cuando un conocido terrateniente fue asesinado en marzo cerca de la frontera con México.

Los noticieros locales cada noche muestran notas sobre el polémico tema de la inmigración: hallazgos de casas donde los traficantes de personas hacinan a indocumentados, arrestos de inmigrantes por decenas en redadas de empresas o retenes de tránsito, políticos que hablan con rabia sobre la violencia en la frontera y sobre los costos para las finanzas estatales de la presencia de los forasteros.

En las calles se ven jornaleros ofreciendo su trabajo en los estacionamientos de tiendas como Wal-Mart y Home Depot. El español predomina en algunas partes de la zona metropolitana de Phoenix y hay residentes que se quejan de que se sienten extranjeros en su país.

``No se puede ignorar el daño y los costos a los contribuyentes y la falta de respeto que causan (la inmigración ilegal) y aquellos que piensan que tienen derecho a vulnerar nuestras leyes'', dice el senador estatal Russell Pearce, autor de la ley y el principal líder de las acciones contra los indocumentados en Arizona.

La furia contra los indocumentados llevó a los legisladores a aprobar al menos siete leyes restrictivas en igual número de años.

Pearce suele hablar de la inmigración ilegal como una ``invasión'' y puede recitar los nombres de policías muertos o heridos por criminales que estaban en el país sin documentos. Uno de ellos fue su hijo Sean, agente del Alguacil del Condado de Maricopa, que sobrevivió a un balazo en el abdomen.

En Arizona se hacen entre 40 por ciento y 50 por ciento de los arrestos de indocumentados en la zona limítrofe con México, según la Patrulla Fronteriza. El estado gasta unos $600 millones en la educación de niños indocumentados entre jardín de infantes y 12mo grado, más de $120 millones en mantener en prisión a criminales sin documentos y hasta $50 millones en tratamientos médicos de extranjeros sin papeles, según agencias del gobierno estatal.

Al mismo tiempo, los críticos de la ley dicen que los trabajadores indocumentados pagan impuestos al consumo y aportan a la Seguridad Social dinero que nunca recuperarán.

Sin su trabajo, agregan, el rápido crecimiento económico del estado en la última década no habría sido posible.

Argumentan además que los precios de las viviendas son razonables gracias a que los extranjeros aceptan techar casas de barrios residenciales a a 110 Fahrenheit en verano.