El sindicato de Policía de Miami-Dade contraatacó a la Oficina del Inspector General (OIG) semanas después de un informe crítico de la OIG en que se detalló cómo el principal ayudante del alcalde Carlos Alvarez y varios altos oficiales de la policía abusaron de su cargo mientras ganaron $400,000 en calidad de asesores de la policía de Panamá.

La Asociación Benevolente de Policía (PBA) de Miami-Dade demandó el lunes a la Oficina del Inspector General en un tribunal de circuito de Miami-Dade, alegando que la entidad no tiene la autoridad jurídica para investigar a policías. La demanda solicita al tribunal que revoque e invalide el informe de 30 páginas emitido anteriormente este mes.

El sindicato informó que también presentó una queja ante la Comisión de Etica y Confianza Pública en que afirma que el inspector general Christopher Mazzella no obtuvo durante años una aprobación por escrito para un empleo fuera de su cargo y firmó indebidamente otra autorización para otro empleo externo.

Mazzella canta canciones de Brodway y números de música disco en bodas y fiestas para una compañía llamada We2 Duets.

``La clave es que, una vez más, la investigación y el informe de la OIG están llenos de mentiras maliciosas'', dijo John Rivera, presidente de la PBA de Miami-Dade.

Al ser contactado el lunes, Mazzella se limitó a decir: ``Estoy satisfecho con todo lo que he hecho''.

El Condado Miami-Dade está acusado en la demanda, pero Victoria Mallette, portavoz del alcalde y quien no ha visto la demanda, dijo: ``Esto es un asunto entre la OIG y el sindicato''.

La OIG y la Comisión de Etica de Miami-Dade determinaron que Denis Morales (sargento de policía que era el jefe de personal de Alvarez en ese momento) y varios oficiales de alto rango infringieron las reglas del condado al realizartrabajos de asesoría por su cuenta en Panamá, como destruir registros de nóminas y trabajar en un segundo empleo mientras cobraban por el condado.

La semana pasada, la Comisión de Etica del condado emitió una reprimenda pública contra Morales en que le advirtió que ``no aprovechara su cargo para beneficio propio''.

``Nada socava más la confianza pública que los funcionarios gubernamentales arrogantes que actúan como si las leyes y los reglamentos no se aplicaran a ellos'', agregó la reprimenda oficial, parte de un arreglo más amplio entre la Comisión y Morales, que incluyó una multa de $1,500.

La OIG emitió su informe anteriormente este mes e indicó que Morales; Bernardo González, en ese momento director de la oficina de capacitación; Oscar Vigoa, asistente del director de la Policía, y el comandante Ariel Artime, hicieron entre el 2007 y el 2009 por lo menos 40 viajes a Panamá para trabajar como asesores pagados de la Policía Nacional de Panamá.

El trabajo se hizo a través de Protection Strategies Inc., una firma de Arlington, Virginia.

La OIG concluyó que al realizar ese trabajo, los funcionarios públicos pasaron por alto una norma del condado que prohíbe trabajar más de 20 horas a la semana para alguna entidad fuera del condado.