El sindicato de la policía de Miami, actuando rápidamente después de recortes salariales y en las pensiones impuestos por la Ciudad esta semana, presentó una demanda en una corte estatal en la que alega que las reducciones son injustificadas y pide que se coloque a la Ciudad en supervisión financiera por el estado.

El documento de 10 páginas presentado el miércoles aduce que el estatuto de ``Urgencia Financiera'' del estado (que impuso la Ciudad en mayo, en un intento por controlar los contratos con los sindicatos) es demasiado vago, y que Miami está en una situación fiscal tan difícil que el Gobernador debe declarar un estado de ``Emergencia Financiera'', lo que le da la oportunidad de supervisar la chequera de la Ciudad.

El martes, los comisionados pusieron fin a un acalorado debate de cuatro horas al aprobar una serie de medidas que cambiaban los términos de contratos previamente acordados con los sindicatos que los dirigentes de la Ciudad dijeron que amenazan su equilibrio financiero .

La medida fue posible porque la declaración de urgencia financiera le da a los comisionados la capacidad de cambiar los términos del contrato ante crisis en el presupuesto local. Los recortes se implementarán sólo por un año, mientras la Ciudad continúa su negociación con los sindicatos.

Los comisionados impusieron recortes salariales que comienzan en un 5 por ciento para los que ganan $39,000 al año o menos, y llegan hasta un 12 por ciento para los empleados con mayores salarios que ascienden a $120,000 al año.

La Comisión también hizo grandes recortes a las pensiones, al imponer un límite superior de $100,000 en los pagos anuales de los empleados que no envían dinero de su salario la pensión, cambiar la base del retiro de los pagos del año de mayores ganancias del empleado a un promedio de cinco años y limitar a 10 años los beneficios que una esposa puede recibir de pensión, después de la muerte del empleado.

Carlos Migoya, administrador de la Ciudad, alertó a la Comisión de que si no hacía los recortes, la única alternativa era despedir a 1,300 empleados, casi una tercera parte de su fuerza laboral.

Armando Aguilar, presidente del capítulo de Miami de la Orden Fraterna de la Policía, informó que antes de la reunión del martes, su sindicato ofreció cláusulas que hubieran ahorrado millones a la Ciudad.

``Ellos vacilaron demasiado. Eso es lo que me molesta'', dijo Aguilar, quien agregó que los comisionados también decidieron en contra de un aumento de los impuestos.

El incremento hubiera garantizado el mismo ingreso que el año anterior. Pudo haber significado $36 millones más.

Al referise al llamado de Aguilar para que haya una intervención del estado, Tomás Regalado, alcalde de Miami, dijo que ``la única forma en que podemos declarar una emergencia financiera es si no tenemos dinero para pagar la nómina. Después que se hagan los contratos, podemos pagar la nómina'', aseguró.

Las pensiones aumentaron debido a contratos favorables a los trabajadores que los comisionados aprobaron en el 2007, incluyendo un aumento de salarios de un 20 por ciento o más. Regalado y Marc Sarnoff aprobaron esos contratos.